Como no podía ser de otra forma, el Presidente de la Asociación Pro-Independencia de San Pedro Alcántara, Manuel Fernández Martín, responde y desmiente la supuesta caza de brujas a la que se refiere el Teniente de Alcalde de San Pedro Miguel Troyano:
Manuel Fernández Martín
“La Opinión de Málaga – 06/04/2008 – Cartas al Director.
Las firmas anti-independencia de Gil.
En relación a la noticia que el pasado día 1 del presente mes de abril sobre el expediente de segregación sampedreño, como Presidente de la Asociación Proindependencia de San Pedro Alcántara (ISP), quisiera realizar las siguientes puntualizaciones:
Ante todo, aclarar que jamás ha sido intención de ISP realizar ninguna “caza de brujas”, tal y como se expresa en el entrecomillado de la noticia, al parecer reproduciendo palabras de algún miembro del Partido Popular de Marbella. Lo que sí ha intentado siempre ISP, es dar luz a todos aquellos puntos oscuros en los que la mano de los políticos de Marbella ha tenido intervención a la hora de torpedear la independencia que, por Ley, debía haberse producido hace años.
La recogida de firmas que el GIL promovió en contra del expediente de segregación de San Pedro Alcántara, ha quedado demostrado que, por activa y por pasiva, se trataba de una operación no ajustada a derecho, siendo de todo punto una maniobra torticera y que pretendía dilatar en el tiempo una parte del proceso. Máxime cuando han salido a la luz casos como los de personas que supuestamente vivían cuando realizaron esas firmas en contra. Sabiendo además cuál es el sistema de recolección, utilizando personal que cobraba una comisión dependiendo del número de firmas recogidas, que en el mejor de los casos engañaban a los firmantes, cuando no, directamente amedrentaban a ancianos y que, incluso, se inventaban números de DNI y rúbricas.
Si el GIL tenía la intención de recoger firmas válidas ¿por qué no utilizó los servicios notariales o la presencia en cada firma del personal debidamente autorizado como el secretario municipal? Por el contrario, supuestamente éste pudo incurrir en una falsedad documental, dando por buenas esas firmas a las que nunca tuvo acceso ninguna institución o funcionario público que pudiera ratificar la veracidad de las mismas. La claridad a la hora de exponer al público el expediente de segregación, es un ejercicio de limpieza democrática, al que sólo pueden temer aquellos que pensaban que, con el paso del tiempo, podrían pasar desapercibidos sus actos, o que GIL sería eternamente poderoso en Marbella y San Pedro Alcántara, protegiendo así su lealtad a ese grupo y su deslealtad al pueblo donde reside.
De la recogida de firmas en contra de la independencia de San Pedro Alcántara, deberían además descartarse de pleno derecho aquellas que anteriormente hubiesen sido afirmativas, teniendo en cuenta la doctrina legal sobre los actos propios o “venire contra factum propium non valet”, proclamándose así el principio general del derecho que norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos, exigiendo dentro del tráfico jurídico, un comportamiento consecuente. No obstante, los tribunales y el propio Ayuntamiento de Marbella han obviado este precepto y han dado validez jurídica a unas firmas que ni en el fondo ni en la forma pueden defender ninguna postura contraria al derecho que asiste al expediente de segregación.
En este punto, el gobierno municipal del Partido Popular, además de dar publicidad a las mencionadas firmas, debe personarse ante los tribunales y retirarlas cuanto antes, al igual que desistir de la acción judicial que aún ejercita contra el expediente de segregación.
Este es un buen momento para que todos los componentes del Grupo Popular, así como el resto de opciones políticas del Ayuntamiento de Marbella aclaren, de una vez por todas, si se está en contra o a favor de la independencia de San Pedro Alcántara, en los términos expresados en la legislación y junto todo aquello que demuestra el expediente de segregación en su día puesto a exposición pública, remitido a la Junta de Andalucía reclamado judicialmente y que sigue a la espera de una resolución definitiva en la marea dirigida de la justicia española.
Manuel Fernández Martín
Presidente de ISP”
