Desmantelan unas placas gilistas.

La gestora acordó eliminar este monolito construido en 1995 en la plaza de Los Pajaritos en homenaje al ex alcalde marbellí Jesús Gil y Gil.

El pasado día 8 de diciembre de 2006, la Comisión Permanente de la Gestora del Ayuntamiento de Marbella, aprobó por unanimidad una propuesta presentada por el Vocal designado por Izquierda Unida, Miguel Díaz, dando los primeros pasos para la desaparición de todos los símbolos del régimen gilista, incluidos aquellos que fueron instalados en la vía pública por iniciativa vecinal.

La idea partió entonces de la sampedreña Asociación de Vecinos El Cruce, una de las más beligerantes en tiempos de los gobiernos del GIL. Concretamente, el primero en caer, fue un monolito instalado en la “Plaza de los Pajaritos” que albergaba una placa de agradecimiento en la zona. Juan Antonio García, Presidente de la Asociación, comentaba entonces: la idea “Sin que se hubiera acordado previamente con los vecinos, partió de algunos empresarios y de los amigos del entonces alcalde, que lo acompañaron el día en que se inauguró”. En 2006, la Delegación Municipal de Participación Ciudadana, se mostraba partidaria de eliminar este “auto homenaje que se hizo Gil”, por simbolizar un pasado nefasto y por las molestias que estaba ocasionando a los propios residentes de la céntrica plaza peatonal, que se quejaban de que la base de este bloque de piedra, de más de un metro y medio de altura, se había convertido en un urinario público los fines de semana y que además entorpecía el tránsito de peatones.

Una de las placas antes de ser desinstalada.

A pesar de la aprobación de esta medida, muchos fueron los flecos que la Gestora dejaba a la nueva corporación que saliera de las elecciones locales de 2007. A partir de la victoria del Partido Popular, se abandonó (quizás interesadamente por afinidad), continuar con la desinstalación de estas placas que hacían referencia a distintos concejales y alcaldes del Grupo Independiente Liberal, como el   que por desgracia fuera Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Antonio Sampietro, cuando fue inaugurado un destacamento de la Policía Local o el Parque Divina Pastora.

Hoy, unos desconocidos nos han remitido un email adjuntando varias fotografías y un pequeño video explicativo de la acción llevada a cabo esta mañana, en la que han dado cumplimiento al mandato de la Comisión Gestora que el PP no ha sido capaz o no ha deseado acometer.

Los vecinos de San Pedro Alcántara, se siguen movilizando en contra de las injusticias. Aunque parece que quedan muchas metas por alcanzar, incluida la más importante, independizarse, ésta es una más que ya ha sido conquistada.

Noticia en Universal News.

La segregación de San Pedro vuelve al punto en que se encontraba en 1992.

Marbella Express – 07/04/2009

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó finalmente el recurso de casación interpuesto por la Comisión Promotora por la Independencia de San Pedro Alcántara contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en 2006 decretaba la caducidad y el consiguiente archivo del expediente de segregación del núcleo, tal y como ya adelantó el pasado sábado Marbella Express. Así, el Alto Tribunal establece que el expediente ha de volver al punto en que se encontraba antes de que, en 1994, el director general de Administración local y Justicia decidiera archivarlo al entender que había caducado.

Ley de 1985
El expediente, elaborado por los independentistas sampedreños en base a la Ley de Demarcación Territorial de 1985, fue presentado en el Ayuntamiento de Marbella el 15 de febrero de 1991, y establecía los límites del futuro municipio entre el río Verde y el río Guadalmina, de acuerdo con un estudio socioeconómico elaborado por la Universidad de Málaga.

A la vez, los promotores afirman que, por esa época, San Pedro contaba tanto con el número de habitantes requerido como con la solvencia económica precisa para hacer realidad la segregación.

Tras salir el expediente dos veces a exposición pública, Gil se proclama vencedor en las elecciones municipales que tuvieron lugar ese mismo año y el documento pasa al ostracismo.

Aunque correspondía al Ayuntamiento elevarlo ante la autoridad competente, en este caso la Junta de Andalucía, no llega a su destino hasta el 22 de mayo de 1992 y lo hace por medio de los promotores de la segregación.

Caducidad y archivo
Como se ha dicho, en 1994 el director general de Administración y Justicia declara su caducidad y archivo, y es precisamente en esa resolución administrativa, aceptada por la sentencia del TSJA, en lo que se basa el TS para admitir el recurso.

De esta forma, entiende que la declaración se basa “no en un defecto o inacción procedimental de los interesados, sino en un examen de fondo sobre la concurrencia de un requisito”.

Por ello, el Alto Tribunal considera que “dicha decisión sin duda correspondía al órgano competente para acceder o no a la segregación, no al órgano instructor del expediente”, con lo que se vulneran los artículos 54 y 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958.

Volver atrás
Por tanto, tras dejar claro que la Sala no puede “resolver directamente el asunto en cuanto al fondo”, tal y como solicitan los independentistas, la sentencia, cuyo ponente es Eduardo Espín, estima que lo conveniente es “retrotraer las actuaciones administrativas al momento anterior a que se dictó el auto de declaración de caducidad”. De esta forma, lo que procede es continuar “la tramitación del expediente administrativo en la forma legalmente prevista hasta la resolución del mismo por el órgano competente para pronunciarse sobre la solicitud de segregación”.

Noticia en Marbella Express.

Lo que algunos medios no se han atrevido a contar: Nuevo capítulo de la “guerra sucia” contra la Independencia de San Pedro Alcántara II.

Certificación del actual Secretario del Ayuntamiento.

Por fin el Ayuntamiento de Marbella contesta a la moción aprobada en Pleno presentada por el concejal Juan Luis Mena Romero el pasado 28 de marzo de 2008. Un año después, se ha reconocido que las supuestas firmas recogidas por el ex Alcalde Jesús Gil y sus -según la RAE- colaboradores en el “acto de la generación”, encabezados por Antonio Sampietro Casarramona; su esposa, Carmen Seco Fernández; Francisco Garrido, Antonio Romero Ramos, etc., eran falsas.

El ex Secretario del Ayuntamiento e imputado en el “Caso Malaya”, Leopoldo Barrantes, expidió el 5 de enero de 1993 una certificación visada por el ex Alcalde Gregorio Jesús Gil Gil, en la que daba fe de que según los antecedentes custodiados en la secretaría del Ayuntamiento, del total de los firmantes que suscribían la solicitud de segregación de San Pedro Alcántara, para constituirse en un municipio independiente de Marbella, un total de 3.321 habían presentado escrito en el Ayuntamiento, manifestando que habían desaparecido las causas y motivos y ya no eran partidarios de la segregación de San Pedro Alcántara, por lo que aparentemente solicitaban la anulación de su petición de apoyo en el expediente de segregación.

La Comisión Promotora y la Asociación Pro Independencia de San Pedro – ISP, denunciaron la falsedad que representaba ese documento público, solicitaron distintas pruebas, entre ellas, que testificaran los presuntos desistidos y que se les diera la relación de las personas que al parecer recogieron las firmas puerta a puerta, pero nada de esto fue atendido. Nadie, jueces incluidos, estaban dispuestos a ir contra los dictados de la mafia GIL.

Recordamos que en respuesta a las 8.646 firmas, en primera instancia, recogidas ante el fedatario público del mismo Ayuntamiento de Marbella, Don Javier García Mamely, y posteriormente mediante protocolización del que fuera Notario de San Pedro Alcántara, Don Constantino Madrid Navarro, el GIL inició una campaña de recogida de firmas puerta a puerta mediante la contratación de personal perteneciente al afamado “Grupo de Apoyo”. Nido de ratas que supieron durante años -incluso en la actualidad- beneficiarse de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Marbella. Inventaron rúbricas y documentos de identidad, amedrentaron a personas mayores y hasta levantaron de sus tumbas a muchos sampedreños para que estamparan su firma en unos documentos que jamás fueron supervisados ni visados in situ por fedatario público alguno.

Estas firmas presentadas ante organismos administrativos y judiciales, mediante la certificación anteriormente citada del imputado Barrantes y el propio Gregorio Jesús Gil Gil, fueron tomadas por válidas, aunque todo el mundo conocía su ilegalidad.

Supuesta buena fe de los populares.
El 23 de marzo de 2009, el actual Secretario del Ayuntamiento, Don Antonio R. Rueda Carmona, bajo orden interesadamente tardía del Equipo de Gobierno del Partido Popular, certifica que las supuestas firmas recogidas por el GIL no corresponden a expediente alguno de alegaciones al de Segregación y que dichas firmas no pueden tener carácter de “legal”, ya que jamás fueron autorizadas o intervenidas por fedatario público. Todo ello con el visto bueno del Teniente de Alcalde Félix Romero Moreno.

En definitiva, los abogados del Ayuntamiento de Marbella y el propio consistorio han utilizado y siguen presuntamente usando estas firmas ilegales como PRUEBA DOCUMENTAL FALSA ante la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga y, por obra del Partido Popular, en octubre de 2007 ante el Tribunal Supremo.

Ni que decir tiene que el delito de falsedad documental siempre será perseguible en tanto su supuesta veracidad afecte a elementos sensibles y trascendentes, como el caso que nos ocupa: el futuro de 45.000 sampedreños.

A la supuesta buena fe que intenta mostrar el Partido Popular en estos momentos de espera ante el pronunciamiento del Tribunal Supremo, hay que apostillar lo siguiente:

1. El Equipo de Gobierno del Partido Popular ha iniciado de oficio infinidad de revisiones sobre expedientes administrativos y judiciales refrendados por las anteriores corporaciones GIL. Habiendo constancia de esto, jamás han movido un dedo en favor del Expediente de Segregación, al que de forma constante se ha torpedeado ilícitamente desde el consistorio.

2. El 22 de octubre de 2007, cuando el Partido Popular de Miguel Troyano Fernández, Manuel M. Cardeña Gómez y María de los Ángeles Muñoz Uriol, llevaba ya siete meses de legislatura al frente del Ayuntamiento, su Letrado, de la firma Cobo & Cobo Abogados, suscribe el escrito de oposición al recurso de casación planteado por la Comisión Promotora ante el Tribunal Supremo el 31 de julio de 2006. Esta decisión no pasa por el Pleno ni tenemos constancia de que fuese aprobada en sesión de la Junta de Gobierno Local. Creemos que, tal y como hiciera Jesús Gil en julio de 2000, el Partido Popular no tramitó un expediente administrativo al efecto, como dispone la Ley de Contratos de Administraciones Locales. La acción del GIL costó al erario público 96.719,91 €, pagados a la ex esposa de José María del Nido, también investigados por la Justicia. Hoy se desconoce la cantidad por la que el Equipo de Gobierno Popular contrató los servicios legales para este nuevo atropello, pagado con los impuestos de todos los sampedreños.

Refiriéndose al respaldo popular de la segregación, dice textualmente el escrito del abogado municipal: “…prescindiendo de la normativa aplicable, el razonamiento de la recurrente podría tener acogida si la petición de segregación partiese de todos y cada uno de los vecinos de San Pedro Alcántara…” que, “…resultó finalmente suscrita por tan solo 4.026 vecinos (firmas), de los 17.193 que conformaban el núcleo de San Pedro Alcántara, Guadalmina y Nueva Andalucía”. La falta de ética profesional del Letrado municipal clama al cielo, dando rienda suelta a sus más bajos instintos legales, prescinde de la “Ley” conculcando en su beneficio el contenido del articulado previsto para segregaciones, donde claramente se exige el cincuenta por ciento más uno de firmas.

3. Presentada ante el Pleno la moción para la retirada de las firmas ilegales recogidas por el GIL, es aprobada con los votos favorables del Partido Socialista y de Izquierda Unida, a iniciativa de Juan Luis Mena. Se abstienen todos y cada uno de los concejales del Partido Popular, incluidos el supuesto independentista Miguel Troyano Fernández y su actual compañero Manuel M. Cardeña Gómez, lo que, visto desde San Pedro, suma un nuevo NO de los populares a los intereses de nuestro pueblo.

4. Sabiendo el Partido Popular que la votación y fallo del Tribunal Supremo tendría lugar el 10 de marzo y, ante la insistencia nuevamente de Juan Luis Mena, prometen a éste que la certificación podrá presentarse ante el Alto Tribunal para que pudiera ser tenida en cuenta antes de la fecha señalada. No cumplen con su promesa y nuevamente -ahora el Ayuntamiento del PP- utiliza las supuestas firmas en este último procedimiento judicial, aprovechando reiteradamente la FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO en su propio beneficio.

5. La tarde del 13 de febrero de 2009, el Presidente de la Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara, Manuel Fernández Valdivia, mantiene una reunión privada con Miguel Troyano Fernández en la Tenencia de Alcaldía de la que es titular. Ante la proximidad de la fecha para la votación y fallo del Tribunal Supremo, uno de los recursos que asume como viables esta formación, es recurrir a este sampedreño en su calidad de concejal y componente del Grupo de Gobierno del Partido Popular. Desde su posición, al ser además independentista según sus propias palabras y anteriores actos, se le hace entrega de una carta en la que se le solicita presentar una moción ante el pleno para que se decida la retirada y consecuente allanamiento del Ayuntamiento de Marbella en el procedimiento judicial que siguen contra el Expediente de Segregación.

Un mes después, su negativa es rotunda. En una nueva reunión, alega el Sr. Troyano haber hecho suficiente en su día por la independencia de San Pedro, que jamás la darán y que en este momento toca luchar todos juntos por Marbella, máxime cuando está a punto de otorgársele el estatuto de municipio de gran población.

En definitiva, hoy continuamos pidiendo la independencia de San Pedro Alcántara por acción del Partido Socialista Obrero Español, Grupo Independiente Liberal, Izquierda Unida, Partido Andalucista y finalmente o como continuación, del PARTIDO POPULAR.

Certificado negando la legalidad de las firmas contra la independencia.

Carta entregada a Miguel Troyano para la retirada de la acción legal contra el Expediente de Segregación.

 Noticia completa en Unversal News. Universal News.net

Toda la noticia en La Voz de Marbella.

Parte de la noticia en Marbella Express.

Algo de la noticia en Diario Sur.

San Pedro Alcántara tendrá su propio partido independentista.

La Opinión de Málaga – Princesa Sánchez – 19/03/2009

Los partidarios de que San Pedro Alcántara pase de ser un núcleo poblacional marbellí a un municipio autónomo están dispuestos a presentarse a las próximas elecciones locales si no logran su objetivo, que está pendiente de una resolución judicial del Tribunal Supremo.

Imagen de la Concentración por la Independencia.

El presidente de la Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara, Manuel Fernández Valdivia, está convencido de que los distintos partidos políticos no han hecho nada por este área residencial que ronda los 40.000 habitantes. “El PSOE, a través de la Junta de Andalucía, se inventó la caducidad del expediente de segregación que presentamos en 1991 para evitarla; el GIL nos torpedeó la iniciativa mientras gobernó el Ayuntamiento y el PP está usando las mismas artimañas gilistas con el mismo fin”.

Sin vuelta atrás. Fernández Valdivia lamentó las declaraciones de la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, que le restó importancia a su reciente concentración en señal de protesta por la, en su opinión, mínima asistencia. “Asegura que fueron 500, pero allí había mucha más gente”, señaló.

Para el presidente de este colectivo, las ansias de autogobierno de los sampedreños son tales que se mantendrían “aunque pusieran los bordillos y las aceras de oro”, ya que se trata de un pueblo que afirma haberse sentido ninguneado durante años. De hecho, ya poseen un partido político propio, Opción Sampedreña.

Mientras tanto, aguardan la sentencia del Supremo que el pasado 10 de marzo debatió sobre el recurso de alzada planteado por el colectivo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía invalidara su expediente de segregación.

 Noticia en La Opinión de Málaga.